Los chilenos nos vanagloriamos de ser uno de los países más solidarios del mundo. Las diversas catástrofes naturales que cada cierto tiempo nos azotan, así como las muchas necesidades de las personas, para las cuales a veces el Estado no cuenta con recursos suficientes, han llevado al surgimiento de muchas organizaciones de la sociedad civil.
Estas instituciones, que hacen un aporte invaluable a muchos chilenos, han tenido un gran crecimiento en los últimos años. En muchos casos, esta proliferación no ha sido gracias a la normativa de donaciones vigentes en Chile, sino a pesar de ella. Tanto así que, según datos del Servicio de Impuestos Internos, los montos de las donaciones se han estancado en los últimos años.
En la actualidad, quien quiere hacer una donación en Chile se ve enfrentado a una compleja maraña de más de 60 leyes, reglamentos, instrucciones y otros. Esto, más que incentivar, intimida tanto a donantes como a muchas de las entidades que podrían ser beneficiarias de estas donaciones. Lamentablemente, la complejidad del sistema, en gran medida por la dispersión normativa, obliga a tener que contar con asesoría especializada, lo que ya marca una primera barrera a la filantropía.
Partamos de la base que, salvo que una ley especial diga lo contrario, todas las donaciones en Chile requieren de una autorización judicial previa y deben pagar un impuesto que, en su tramo máximo, puede llegar a una tasa del 35%. Además, existen límites a los montos a donar, lo que reduce las posibilidades a un mínimo.
Algunas leyes especiales liberan del requisito de autorización previa y del impuesto a ciertas donaciones, siempre que se cumplan los requisitos que cada una de ellas establece, los que suelen ser distintos entre un cuerpo normativo y otro.
Así, en algunos casos solo pueden donar con beneficios los contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría, mientras que otras leyes permiten que lo hagan también contribuyentes de los otros impuestos a la renta. Algunas leyes permiten donaciones solo en dinero, mientras que otras autorizan que se hagan en dinero o especies.
Algunas permiten una deducción a la base imponible, mientras que otras conceden además créditos contra los impuestos a la renta respectivos. Y así, suman las diferencias de tratamiento en cuanto a beneficiarios de las donaciones y las materias de interés (o proyectos) cubiertos por las distintas leyes. Todo lo cual dificulta aún más el procedimiento para hacer una donación.
No podemos seguir funcionando a través de leyes “parche”. Necesitamos construir una institucionalidad de largo plazo. Es urgente contar con un sistema unificado de donaciones que, entre otras cosas, garantice simpleza y certeza.
La legislación debería poner en su centro a las organizaciones de la sociedad civil y al beneficio público, incorporando además la posibilidad de hacer donaciones en algunas materias, como medioambiente y salud, que increíblemente hoy no están contempladas.
Se debería incorporar la digitalización, para facilitar el acceso a las donaciones y fortalecer su transparencia. Asimismo, regular la posibilidad de donar en dinero, especies y también en servicios, los cuales no son considerados en ninguna ley.
El anuncio de que el Ministerio de Hacienda está trabajando en un proyecto de ley única de donaciones, es una buena y esperanzadora noticia. Este es el segundo intento, ya que un proyecto con igual fin ingresó al Congreso en el año 2014 y nunca pasó más allá de la ventanilla.
Esperemos que esta vez sea la vencida y que sea el inicio de un camino serio para que al fin la filantropía y las donaciones -que son una de sus formas más importantes- puedan tener un tratamiento acorde al valor que entregan a Chile.