¿Por qué debe cambiar el sistema tributario chileno?

La opinión de expertos nacionales e internacionales, así como también de los ciudadanos, indica que el sistema tributario chileno requiere cambios.

Creemos que este tema es importante para ti, pues afecta directamente a tu empresa —independiente del tamaño de ella— e impacta la vida de todos los contribuyentes y habitantes del país.

Especialmente ahora que la Modernización Tributaria ya es ley, es importante tener en cuenta las bases del sistema tributario, la posición de Chile como miembro de la OCDE en lo referente a carga tributaria, y una respectiva comparación con los demás estados miembros de este organismo para responder a la pregunta de por qué es necesario cambiar el sistema de tributación.

Sistema tributario chileno

El sistema tributario chileno tiene sus bases legales en la Constitución Política de 1980, vigente desde marzo de 1981. Estas bases son:

• la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas;
• en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos;
• los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado;
• no obstante lo anterior, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo;
• los impuestos solo pueden fijarse por ley de iniciativa exclusiva del presidente de la República.

Desde entonces, han pasado casi 39 años y hay algo evidente: Chile y el mundo han experimentado distintos cambios y procesos, las condiciones no son las mismas de antes y fue necesario considerar la posibilidad de modificar —una vez más— el sistema tributario, pues los tiempos exigen su adaptación a la realidad actual.

En especial si consideramos la crisis que vive el país desde el 18 de octubre del año pasado y su impacto. De ahí que uno de los temas en la actualidad nacional sea una nueva Constitución, pues esta incluye directrices en lo respectivo al sistema tributario de la nación.

Chile y la OCDE

Chile es miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, como tal, se somete a las evaluaciones de este organismo internacional.

En el informe estadístico sobre carga tributaria de 2019, se aprecia que Chile ha estado por debajo del promedio de la OCDE —que siempre ha sido sobre el 32 %— desde su ingreso en mayo de 2010, con una relación de impuestos y Producto Interno Bruto (PIB) que ha variado entre 19,6 % y 21,1 % en estos casi 10 años de membresía. Como resultado de estos estudios, Chile ocupa el puesto número 35 de un total de 36 miembros de la OCDE.

Las características principales de la carga tributaria chilena son:

• impuestos considerablemente más altos que el promedio OCDE en los ítemes de ingresos y ganancias corporativas, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y sobre bienes y servicios;
• una proporción más baja de los ingresos de impuestos a la propiedad;
• impuestos sustancialmente más bajos en lo relativo a impuestos sobre los ingresos y ganancias personales y a cotizaciones para seguridad social.

Por ello, una vez más, es que la OCDE insiste en algunas recomendaciones sobre materia tributaria y apunta como necesario aumentar los impuestos ambientales, a la propiedad y a la renta de las personas, con el objetivo de disminuir la brecha socioeconómica para aumentar la equidad y estimular el crecimiento del país.

¿Cómo podría Chile aplicar estos consejos? Pues bien, basta mirar los índices económicos de los países OCDE que están sobre el promedio de la organización y establecer comparaciones con estas naciones que tienen un nivel de desarrollo más alto y políticas públicas diferentes; estas últimas han probado ser efectivas en lo que respecta a la equidad y al crecimiento económico de sus estados.