Promulgada en octubre de 2024, esta ley tiene como objetivo fortalecer la recaudación fiscal y combatir la evasión y elusión tributaria.
Entre sus medidas destacan:
Levantamiento del secreto bancario: Se establecen procedimientos más ágiles para que el Servicio de Impuestos Internos (SII) acceda a información bancaria en casos de fiscalización, reduciendo el tiempo de respuesta a cinco días en situaciones específicas.
Fiscalización de transferencias bancarias: Los bancos deberán informar al SII sobre cuentas que reciban 50 o más transferencias de personas distintas en un mismo día, semana o mes. Esta medida busca identificar actividades económicas informales y asegurar el cumplimiento tributario.
Combate a la informalidad: Se exigirá el inicio de actividades a quienes ofrecen portales de pago y a los operadores de plataformas de comercio digital, con el fin de formalizar estas actividades y asegurar la tributación correspondiente.
Ventas en efectivo: Según la normativa vigente, todas las transacciones de compra y venta de bienes cuyo valor supere las 135 UF y sean pagadas en efectivo deben contar con un respaldo que permita identificar claramente al pagador, para garantizar que estas operaciones sean trazables mediante la identificación del comprador.
Se introduce la figura del denunciante anónimo: Esto permite a cualquier individuo reportar infracciones tributarias de manera confidencial. Quienes aporten información veraz y comprobable sobre delitos fiscales desconocidos por el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrán recibir una recompensa equivalente al 10% de la multa impuesta, siempre que el monto defraudado supere las 100 UTA (aproximadamente $80 millones).
Modificaciones a las tasas de interés por incumplimiento tributario: Las tasas aplicables a deudas tributarias también serán ajustadas, con el objetivo de incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
Multijurisdicción tributaria: El Servicio de Impuestos Internos (SII) implementará la multijurisdicción para las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, lo que permitirá una fiscalización más eficaz de las actividades económicas transregionales. Este esquema se expandirá al resto del país en 2026.
Inicio de actividades para solicitar un crédito: A partir de julio, los bancos estarán obligados a exigir que las entidades que soliciten créditos tengan un inicio de actividades formal. Esto busca evitar el financiamiento a empresas fantasmas y promover la formalización empresarial.
Fin de exenciones en importaciones: En octubre, finalizará la exención del IVA para importaciones menores a US$41. Aunque los aranceles se mantendrán exentos hasta US$500, esta medida podría encarecer las compras internacionales realizadas por consumidores individuales.
Estas reformas tienen implicaciones significativas tanto para las empresas como para los individuos.
Para las Pymes, el aumento del impuesto corporativo y los nuevos requisitos bancarios podrían representar desafíos adicionales.
Por otro lado, las plataformas digitales y los exportadores enfrentarán una mayor supervisión.
Para los ciudadanos, la mayor fiscalización de transferencias y la eliminación de exenciones podrían impactar sus finanzas personales, especialmente si realizan transacciones frecuentes o importaciones.
Es esencial mantenerse informado y adaptarse a estos cambios. Algunas recomendaciones clave incluyen:
Revisar tus obligaciones fiscales: Si eres empresario o profesional independiente, asegúrate de cumplir con los nuevos requisitos para evitar sanciones.
Digitalizar tus operaciones: La obligatoriedad de los medios electrónicos hace indispensable implementar herramientas digitales para gestionar tus finanzas.
Asesorarte profesionalmente: Consultar a un contador o asesor tributario puede ayudarte a transitar por estos cambios con éxito.
Estar atento a las comunicaciones del SII: Las notificaciones electrónicas se convertirán en la norma, por lo que es vital revisar regularmente tu correo.
Estar informado y preparado será clave para enfrentar este nuevo escenario.
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